El sector español del transporte de mercancías por carretera crecerá moderadamente en 2025 en un entorno de gran incertidumbre, generada principalmente por la volatilidad regulatoria, la ambigüedad jurídica y el alza de los costes, sobre todo en lo relacionado con los peajes para camiones basados en emisiones de CO2, que ya funcionan en varios países de Europa y que durante el próximo año continuarán extendiéndose por este continente, según las previsiones de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC).
Al mismo tiempo, los principales mercados de las exportaciones españolas por carretera, como Alemania y Francia, están anunciando posibles reducciones del consumo y la actividad industrial que afectarán a nuestras rutas de transporte internacional. «La actividad del transporte pesado está íntimamente ligada a la evolución del PIB; se podría decir que somos el 'termómetro de la economía'", apuntan desde ASTIC. Por eso, si se cumplen las previsiones de varios organismos que sitúan el crecimiento de nuestro PIB en 2024 en torno al 2,8% y del 2,3% para 2025, podemos afirmar que nuestro sector también crecerá en conjunto, aunque será precisamente el internacional el que pueda sufrir retrocesos debido a la coyuntura negativa de Francia y Alemania», ha explicado Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC y miembro del Comité Ejecutivo de Presidencia de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU).
La inseguridad jurídica y los constantes cambios normativos, tanto a nivel nacional como europeo, en temas tan determinantes en la estructura de costes de las empresas transportistas como son el laboral y el energético conforman un panorama desfavorable que erosionará la rentabilidad de las empresas de este sector en 2025. «La inseguridad jurídica se aprecia, por ejemplo, en la política medioambiental que dicta Bruselas que aún parece albergar dudas en favorecer un mix energético que incluya los combustibles renovables; y, a nivel nacional, en los constantes anuncios de reducción de la jornada laboral que emanan de nuestro Gobierno», asegura el directivo de ASTIC.
Algunos ejemplos de inestabilidad legislativa en el sector son la norma que obligaba a que los camiones regresaran cada ocho semanas al centro operativo de su empresa de transporte, dentro del Paquete de Movilidad, y que la Justicia europea ha tumbado este año; las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE); la modernización de los tacógrafos de segunda generación; o la estructura impositiva de los combustibles.
El año 2025 también será testigo del aumento de los costes del sector, señalan desde ASTIC. Además del mayor precio de los camiones, neumáticos y seguros, apuntan los peajes cuyas tarifas se calculan según las emisiones de CO2 del vehículo. Un gravamen que ya está implantado en Alemania, República Checa, Austria y Hungría y que el 1 de enero de 2025 empezará a funcionar en Suecia, Dinamarca y Países Bajos. El Gobierno español, sin embargo, parece ratificarse en que, al menos a corto plazo, no se implantarán en la red vial española.
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