El Gobierno aprueba la Ley de Industria para impulsar la reindustrialización y la autonomía estratégica
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, un marco legal que redefine la política industrial en España con el objetivo de aumentar el peso del sector en la economía, generar empleo y mejorar la competitividad en un contexto global cambiante. Esta ley, que reemplaza a la normativa de 1992, marca un punto de inflexión en la estrategia industrial del país.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha subrayado la trascendencia de esta legislación: “La Ley supone un antes y un después para la industria española. Aporta modernización, certidumbre y eficiencia, impulsando nuestro gran objetivo de la reindustrialización y posicionando a España en el camino hacia una política industrial sólida y transformadora”.
Modernización y objetivos clave
La Ley busca reforzar la resiliencia del sector industrial español, promoviendo la descarbonización, la transformación digital y la autonomía estratégica. Entre sus puntos destacados, se encuentran:
- Protección a la industria intensiva en energía: Se adoptarán medidas para facilitar la transición energética y la descarbonización, requiriendo a las empresas beneficiarias planes de eficiencia energética a largo plazo.
- Reconocimiento de nuevos PERTE: Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica podrán ser aprobados más allá del marco actual del PRTR, en ecosistemas estratégicos identificados como prioritarios.
- Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI): Este fondo asegurará la rápida movilización de capacidades industriales y productos estratégicos en situaciones críticas.
- Transformación digital y sostenibilidad: La ley fomenta tecnologías limpias, la adopción de innovación y la creación de ecosistemas industriales que impulsen la competitividad y la eficiencia.
Adicionalmente, la normativa establece la obligatoriedad de que las empresas que planeen cesar operaciones en España lo comuniquen con al menos nueve meses de antelación, devolviendo ayudas públicas superiores a 3 millones de euros si reducen su producción en más del 65% o despiden a más de 500 empleados.
Estructura y gobernanza industrial
La ley introduce instrumentos de planificación y coordinación, incluyendo:
- Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica: Documento marco que orientará la política industrial nacional en línea con las directrices europeas, elaborado en consulta con comunidades autónomas y agentes sociales.
- Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica: Con vigencia trianual, incluirá programas específicos para digitalización, innovación y competitividad.
- Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI): Nuevo órgano consultivo para coordinar las acciones del Gobierno en política industrial.
- Conferencia Sectorial de Industria y PYME: Espacio de cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
- Foro de Alto Nivel de la Industria Española: Órgano colegiado para asesorar al Ministerio de Industria en el diseño de políticas industriales.
Sanciones y medidas de cumplimiento
El régimen sancionador se actualiza, manteniendo multas de hasta 60.000 euros para infracciones leves, 6 millones para graves y hasta 100 millones para las muy graves. Las infracciones prescribirán en uno, tres o cinco años según su gravedad.
Conversión de SEPIDES en Entidad Pública Empresarial
En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado la transformación de SEPIDES (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) en una Entidad Pública Empresarial. Este cambio permitirá a SEPIDES convertirse en la gran agencia de la política industrial española, gestionando fondos europeos como los destinados a los nuevos PERTE de descarbonización, agroindustria y vehículos eléctricos.
Con esta medida, el Gobierno busca racionalizar y aumentar la eficiencia en la gestión de recursos industriales, consolidando a SEPIDES como un actor clave en la promoción de la reindustrialización del país.
Un nuevo horizonte para la industria española
La Ley de Industria y Autonomía Estratégica posiciona a España para afrontar los retos de la transformación global, con un enfoque en sostenibilidad, digitalización y fortalecimiento del tejido industrial. Esta apuesta por la modernización y la autonomía estratégica marca un hito en el desarrollo de una industria más competitiva, resiliente y preparada para liderar el cambio en el siglo XXI.
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