El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado recientemente la Orden ICT/209/2022, que aborda los requisitos para la concesión de ayudas a actuaciones integrales del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del vehículo eléctrico conectado (PERTE VEC) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En la Orden Ministerial, se determina que, en lo relativo a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental de vehículos eléctricos conectados, “será necesario aportar un informe de calificación de las actividades del proyecto emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC , o entidad equivalente de otro Estado miembro de la Unión Europea”, donde se determinará la naturaleza tecnológica de las actividades del proyecto en base a lo establecido en la Orden.
Asimismo, el texto reglamentario establece que, para cada proyecto primario, deberá entregarse una memoria de sus actividades en la que se demuestre su cumplimiento con el principio de “no causar un perjuicio significativo” (do no significant harm, DNSH) con los requisitos medioambientales establecidos. Como prueba adicional de dicho cumplimiento, “con la solicitud, deberá aportarse el contrato con una entidad de validación acreditada por ENAC, o entidad equivalente de otro Estado miembro, para la realización del informe de validación del principio DNSH”.
Precisamente, en relación a la demostración del cumplimiento de las empresas de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH), ENAC ha desarrollado y publicado recientemente un nuevo esquema de acreditación a instancias de la Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyo objetivo es aportar confianza a la Administración en la competencia y el buen hacer de los evaluadores en base a las normas UNE-EN ISO/IEC 17029 e ISO/IEC 14065.
Por otra parte, ENAC ha publicado recientemente un nuevo esquema de acreditación dirigido a las entidades que ofrecen el servicio de certificación de proyectos (entendida como cualquier evaluación que resulte en un juicio sobre si un proyecto determinado cumple ciertos parámetros previamente definidos o si se ajusta a las características de un “proyecto modelo” previamente definido) que estén asociados a ayudas o subvenciones de diferente tipo y establecidos por la Administración.
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