​La industria solicita al Gobierno la puesta en marcha urgente de líneas de ayudas directas

La Alianza por la Competitividad de la Industria se ha dirigido por carta a la vicepresidenta Calviño, a la ministra Maroto y a Presidencia del Gobierno. Se solicitan la puesta en marcha urgente de dos líneas de ayudas directas para paliar el impacto de los precios de la energía (electricidad y gas natural) y para limitar el impacto de las materias primas. La Alianza está constituida por ANFAC y SERNAUTO (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales) y UNESID (siderurgia).

La Alianza señala que los países industriales de nuestro entorno están habilitando líneas de apoyo para proteger su actividad económica industrial así como la generación de empleo y riqueza que supone, lo que generará un diferencial competitivo insalvable, si el Gobierno español no hace otro tanto. Y cita el ejemplo de cómo la entrada en vigor de las nuevas medidas de compensación energética a la industria alemana, prevista a partir de enero de 2023, ya se ha traducido en anuncios de reducciones de precios de venta de productos alemanes en hasta un 30%, induciendo una profunda distorsión del mercado interior europeo.

Por otro lado, la Alianza recuerda que la Comisión Europea acaba de publicar el nuevo Marco temporal de ayudas de Estado en apoyo a la economía tras la agresión a Ucrania por parte de Rusia. Dicho marco complementa y extiende hasta el 31 de diciembre de de 2023 el ya vigente desde marzo (2022/C 131 I/01), reforzando además claramente la habilitación a los Estados miembros para atajar el impacto de los precios energéticos, así como su impacto en insumos, materias primas u otros productos afectados (apartado 49).

En consecuencia, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española solicita ayudas directas para paliar el impacto de los precios de la energía (electricidad y gas natural) en las facturas de los consumidores industriales, en línea con lo adelantado en el Plan “+Seguridad Energética”.  A tal efecto, deben activarse de inmediato las líneas de ayuda directa a demanda energética dotando al menos hasta 2, 25 o 50 millones de € por industria, cifras habilitadas por la Comisión Europea desde el pasado mes de marzo y ya adoptadas por otros países industriales europeos, como Alemania. Y hay que destacar al respecto cómo las nuevas directrices adoptadas amplían dichas cifras hasta 4, 100 o 150 millones de euros en su nuevo y más permisivo marco temporal de ayudas ante la guerra de Ucrania.

También requieren ayudas directas para limitar el impacto de las materias primas que, afectadas por la crisis energética o el conflicto bélico, han incrementado de forma alarmante su precio, poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones industriales. Entre estos insumos gravemente afectados se encuentran los minerales estratégicos y críticos, los semiconductores, el gas como materia prima no energética -esencial para la cadena agroalimentaria (fertilizantes, CO2, materias primas plásticas) y sanitaria-, u otros esenciales.

Además, pone de relieve que nuestra industria compite esencialmente con las principales economías industriales europeas. Es necesario que se realice un esfuerzo similar al de los países de nuestro entorno en apoyo de la continuidad del tejido productivo, que es el que genera mayor riqueza y empleo de calidad. Y recuerda que, aunque posiblemente la industria es el sector económico con mayor resiliencia ante los periodos críticos, al mismo tiempo es el más difícilmente recuperable cuando debe asumir cierres y desinversiones.

Por todo ello, “resulta imprescindible proceder a implementar a la máxima brevedad líneas de ayudas directas para garantizar la continuidad de la actividad del tejido productivo en nuestro país”. Estas ayudas directas serán la vía para, en lo posible, evitar el cierre de plantas que, aparte de destruir empleo, generaría un grave desabastecimiento de productos intermedios que alimentan la cadena de valor de todas las actividades de nuestra economía (construcción, automoción o distribución y transporte de mercancías), así como de productos esenciales para el conjunto de la sociedad, incluyendo los agroalimentarios, higiénicos y sanitarios.