El Parlamento Europeo acepta la creación de un fondo para las regiones dependientes del automóvil

El informe para la ampliación del Fondo de Transición Justa, en el que se propone por primera vez extenderlo para las regiones más afectadas por la transición del sector del automóvil, ha sido ratificado por la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. La eurodiputada de Ciudadanos y ponente del informe, Susana Solís, ha calificado como ‘clave’ estas ayudas para las regiones dependientes del sector. En el caso de España las más afectadas son Galicia, Castilla y León y Aragón.

“Los objetivos climáticos de la UE de reducción de emisiones son ambiciosos y el fin del vehículo de combustión a partir del 2035 representa un gran reto para el sector. La industria se enfrenta a un cambio radical en toda la cadena de suministro. El coche eléctrico requerirá un 60% menos de piezas y componentes, lo que repercutirá en el corto plazo en el empleo y en la necesidad de capacitar a los trabajadores en las nuevas tecnologías necesarias para la electrificación”, ha subrayado Susana Solís.

La eurodiputada ha insistido en que la UE debe poner a disposición de estas regiones el Fondo de Transición Justa, uno de los instrumentos clave de la Unión para paliar las consecuencias económicas y sociales de la transición hacia la neutralidad climática de aquí a 2050. Ha explicado que “la transición verde es necesaria, pero debe ser también económica y social sin poner en riesgo los millones de trabajadores del sector. Esta transformación es una oportunidad, pero solo si el entorno es el adecuado y se implementan las políticas públicas necesarias para que empresas y ciudadanos puedan adaptarse. La UE no puede dar la espalda a las regiones ni a los millones de familias cuya economía depende del sector automóvil".

A través de este mecanismo, se espera que las regiones con industria automóvil logren retener su talento y su tejido industrial. Con este fin, el fondo invertirá en la recapacitación y especialización de los trabajadores del sector. También se ha tenido en cuenta que las ayudas engloben a toda la cadena de valor, fabricantes de componentes, talleres auxiliares, estaciones de servicio o pymes afectadas en esta transición con el fin de mitigar su impacto lo máximo posible.

“No podemos perder la especialización que estas regiones llevan adquiriendo durante décadas”, ha recalcado Solís. “Se trata de apoyarles en la transformación y en el desarrollo de las nuevas tecnologías que demanda la electrificación, como la fabricación de baterías.

Asimismo, el informe asegura el despliegue de puntos de recarga para los vehículos del futuro en todo el territorio europeo. Esto incluye la colocación de puntos de recarga públicos y privados en zonas rurales, despobladas o montañosas. “Es clave imponer objetivos obligatorios por país, para que Estados como España, muy retrasada en este sentido, hagan de una vez los deberes".

El informe, aprobado en la Comisión REGI, se votará en el Pleno de Estrasburgo en diciembre de 2023 y se espera que se ejecute a lo largo de 2024.