Todas las ayudas para autónomos y pymes por el coronavirus

En este artículo, Posventa de Automoción, cabecera englobada en Versys Ediciones Técnicas al igual que AutoRevista, resume algunas de las más relevantes para las empresas y profesionales del sector, haciendo especial hincapié en las medidas de carácter económico y fiscal, fundamentales para garantizar la vialidad de los negocios de la posventa a largo plazo. Algo fundamental si tenemos en cuenta que sólo en el mes de marzo se destruyeron más de 800.000 empleos y más de 120.000 empresas se dieron de baja. Estas medidas afectan también a las pymes de la industria de automoción.

Prestación extraordinaria para autónomos

Los autónomos que se hayan visto obligados a cerrar su negocio como consecuencia del estado de alarma, o que hayan visto reducida su facturación en al menos un 75% en el mes de marzo (en comparación con la media del último semestre), podrán acogerse a una ayuda extraordinaria similar a la prestación por desempleo. La cuantía se calcula en función de la base de cotización de los últimos seis meses: asciende al 70% de la misma. Si tenemos en cuenta que más del 80% de los autónomos cotiza por el mínimo, la prestación más habitual será de 661 euros.

Para acogerse a la ayuda es necesario justificar el cierre de la actividad o la caída de la facturación y haber estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos antes del 14 de marzo, con todas las cuotas abonadas (aunque la deuda se puede cancelar a posteriori para acceder a las ayudas). La prestación también está abierta a autónomos con empleados a su cargo.

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Aplazamiento de cuotas

Las cuotas de mayo, junio y julio pueden aplazarse durante seis meses sin intereses (tanto para autónomos como para empresarios), mientras que la cuota de abril se puede aplazar con un interés reducido del 0,5%. Este mismo interés se aplicará a la moratoria de las deudas con la Seguridad Social que tuvieran que abonarse entre abril y junio.

Suspensión de hipotecas

Los autónomos afectados por el estado de alarma podrán suspender el pago de la hipoteca durante tres meses. Esto es aplicable tanto a la vivienda habitual como a los locales y oficinas. Para acogerse a esta medida hay que presentar una declaración responsable que acredite la situación de vulnerabilidad.

Bono social

Los autónomos pueden suspender las facturas de electricidad y gas y abonarlas en los seis meses posteriores al estado de alarma. Para ello hay que acreditar el cese de actividad o una caída de la facturación de al menos el 75%. Además, podrán modificar o suspender temporalmente sus contratos de electricidad y gas sin penalización.

Acceso a los planes de pensiones

Los autónomos y los empresarios que se hayan visto obligados a cerrar sus negocios como consecuencia de las restricciones impuestas por el estado de alarma podrán rescatar las cantidades acumuladas en sus planes de pensiones.

Autónomos contagiados

Los trabajadores autónomos contagiados por COVID-19 se entenderán como víctimas de accidente laboral, por lo que podrán solicitar una prestación por baja laboral. La gran diferencia con la prestación por enfermedad común es que en ese caso los autónomos comenzarán a cobrar a partir del cuarto día y tan sólo el 60% de la base reguladora. Con esta medida, cobrarán por cada día que estén de baja una cuantía que dependerá de la base de cotización. Como decíamos anteriormente, más del 80% de los autónomos cotizan por el mínimo, por lo la prestación por baja laboral más habitual será de 23,61 euros al día.

Avales públicos

El Gobierno ha aprobado una línea de 10.000 millones de euros para financiar a autónomos y pymes con una serie de avales públicos que cubrirán el 80% de los riesgos asociados a estos préstamos. Los autónomos y empresarios interesados deberán acudir a sus bancos a solicitar esta financiación.

Aplazamiento de deudas públicas

Los autónomos y empresarios afectados por la crisis del coronavirus y la parálisis generada por el estado de alarma podrán aplazar los pagos y los intereses de los préstamos concedidos por las comunidades autónomas o las administraciones locales. Para ello tendrán que demostrar el cese de actividad o la reducción de la facturación. En consecuencia, podrán abonar el importe adeudado a lo largo de 2020.